El Congreso de Guatemala aprobó recientemente el Decreto 33-2024, que introduce importantes reformas a la Ley de Tránsito. Estas modificaciones buscan mejorar la eficiencia, la transparencia y la seguridad vial en el país. A continuación, se detallan algunos de los cambios más relevantes:

1. Digitalización de Documentos: El decreto autoriza el uso de calcomanías y tarjetas de circulación digitales. Esto facilitará los trámites administrativos para los conductores y contribuirá a la modernización del sistema. La implementación de esta medida requerirá la creación de una plataforma digital segura y confiable.

2. Limitaciones a las PMT: Se establece una limitación en la competencia de las Policías Municipales de Tránsito (PMT). Las PMT no podrán realizar operativos ni imponer multas en rutas nacionales o internacionales (centroamericanas). Esta modificación busca clarificar las responsabilidades y jurisdicciones de las diferentes entidades involucradas en la regulación del tránsito.

3. Identificación de Vehículos Oficiales: El decreto establece la obligación de identificar claramente los vehículos oficiales del Estado, con algunas excepciones para funcionarios en riesgo. Esta medida busca mejorar la transparencia y reducir la impunidad en el uso de vehículos oficiales.

4. Cambios en el Procedimiento con Cepos: Se modifica el procedimiento relacionado con el uso de cepos en vehículos. El cepo deberá retirarse inmediatamente después de emitir la boleta de aviso, permitiendo al conductor el pago o la impugnación de la multa. Este cambio busca simplificar el proceso y evitar posibles abusos.

5. Prohibición de Retención de Documentos: Se prohíbe a las PMT retener documentos como medida de presión para el pago de multas. Esta facultad se reserva al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) o a un juez de Asuntos Municipales. Esta modificación busca proteger los derechos de los conductores y prevenir prácticas arbitrarias.

6. Incautación de Vehículos: Los vehículos que obstruyan la vía pública por más de 36 horas podrán ser incautados por las municipalidades o el Departamento de Tránsito. Esta medida busca agilizar la liberación de las vías y prevenir bloqueos prolongados que afectan la movilidad.